ENTREVISTA A
ASESOR DE LA CONVERGENCIA CAMPESINA,
NEGRA E INDÍGENA DE COLOMBIA
Héctor Mondragón:
"En el cálculo de las transnacionales está el utilizar a Colombia como punta de lanza contra el movimiento popular de América Latina"
por:
Aloia Álvarez Feáns
Jueves 3 de enero de 2008, por Revista Pueblos
Su defensa de los derechos de los campesinos, indígenas y sindicalistas colombianos le ha llevado a la cárcel en siete ocasiones y al exilio en una, pero a este economista, hoy asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia, no es tan fácil intimidarle. Su visita al Estado español es una muestra de que las amenazas y la persecución política que sufren él y los sectores sociales a los que apoya son en realidad una motivación más para alzar la voz. Y es que en Colombia, como nos deja claro en esta entrevista, existen muchas razones para no callar.
Como asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena está volcado en la defensa de las luchas agrarias en Colombia. ¿Cuál es la situación de esas luchas hoy?
Las luchas agrarias en Colombia se caracterizan por la violencia gigantesca que sufren el campesinado, los afrocolombianos y las comunidades indígenas. En los últimos 26 años hemos sufrido una violencia terrible cuyo resultado ha sido la paulatina pérdida de todos los derechos que se habían conquistado en 80 años. Este retroceso se ha consolidado con la Ley 11.52 de este año, impulsada por el actual gobierno, una ley que liquida definitivamente las conquistas que se hicieron en 1936. Además, da un gran golpe a los pueblos indígenas, que habían logrado el reconocimiento de sus derechos en la Constitución de 1991 y en el Convenio 169 de la OIT. Esta ley, si bien no significa el despojo total de sus derechos como en el caso de los campesinos, da el primer golpe grave a ese conjunto de derechos.
 El gobierno actual es rabiosamente antiindígena, porque se ha encontrado con que los indígenas todavía tienen derechos y son un obstáculo para sacar adelante sus políticas. El CECOIN hizo un estudio sobre la violación de Derechos Humanos indígenas entre 1970 y 2006 y lo que se ve es un incremento muy grande de la violencia contra ellos a partir del gobierno Pastrana y mucho más en el gobierno de Uribe. Mientras en la etapa anterior la violencia se concentraba sobre los sindicalistas ahora se está concentrando en los indígenas, que es el sector que mayores movilizaciones ha llevado a cabo en los últimos años.
Estas movilizaciones, ¿van más allá de la reivindicación tradicional del derecho a la tierra?
 La reivindicación indígena y campesina actual se orienta fundamentalmente al combate contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU, las políticas neoliberales y los grandes megaproyectos, que afectan la vida de la gente del campo. Grandes megaproyectos como el Plan Puebla Panamá o el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) caen aplastantemente sobre la gente sin que ésta tenga posibilidad de opinar. Lo mismo sucede con las prioridades económicas gubernamentales. En este momento, Colombia ha determinado que la prioridad del desarrollo agropecuario son los agrocombustibles, en particular los dos cultivos de los grandes propietarios, la palma africana y la caña de azúcar. De esa forma, todo lo que son recursos de crédito, exenciones de impuestos, apoyos del Estado... se vuelca a favor de estos grandes propietarios y de los grandes empresarios que procesan el azúcar o el aceite, en perjuicio, primero, de los campesinos e indígenas y, segundo, de la población de las ciudades, que necesita comer. Colombia es un país con un gran déficit alimentario, pero para el gobierno la producción de alimentos no es una prioridad. Tienen un plan que llaman Visión 2019, en el que dicen que de lo que se trata es de tener dinero para importar alimentos, que es para lo que está diseñado el TLC. La realidad es que en este momento, a pesar de la tremenda violencia que se ha ejercido contra el campesinado, éste sigue produciendo la mayor parte de los alimentos del país. Toda la realidad terrible que vivimos tiene que ver con que ese sector que produce la mayoría de los alimentos del país es perseguido y discriminado, se quieren deshacer de él, pero al mismo tiempo lo necesitan. Los grandes propietarios, que tienen el 61 por ciento de la tierra, sólo tienen el 9 por ciento del área sembrada del país; mientras los pequeños propietarios, con el 14 por ciento de la tierra, tienen el 43 por ciento del área sembrada, es decir, son los que mantienen la producción agrícola.
¿Y cuál es el interés de los grandes propietarios?
El objeto de la concentración de la propiedad de la tierra es la especulación con los precios. A los grandes propietarios no les interesa la producción agrícola, pero tienen gran interés en los megaproyectos, que valorizan las tierras que le han quitado a los campesinos. Y esta cuestión de los megaproyectos también tiene que ver con los modelos de propiedad de la tierra. Toda esta lucha no es sólo por la propiedad de la tierra, es una lucha entre dos modelos económicos y la disponibilidad de la tierra es parte de ambos modelos.
En alguna ocasión usted ha dicho que el mapa del conflicto colombiano coincide con el mapa de los grandes proyectos de inversión. ¿Cuál es el objetivo de la guerra entonces? ¿Son el narcotráfico y la lucha contra la insurgencia simples cortinas de humo?
Lo primero que hay que decir es que el narcotráfico no es la causa del conflicto sino una de sus consecuencias. Por un lado, la mafia nace precisamente porque Colombia es un país en el que la violencia ha surgido como forma de eliminar los movimientos sociales, ha habido una tolerancia hacia las máquinas de muerte que ha sido aprovechada por la mafia. Por otro lado, el despojo de tierras de los campesinos, el frecuente desplazamiento por razones de violencia y la política de libre importación seguida por los gobiernos neoliberales causaron situaciones de crisis en el sector productivo agropecuario y llevaron a la pérdida de rentabilidad en muchos cultivos. Así que la población campesina desplazada por la violencia o la ruina se fue a la selva a sembrar coca. ¿Por qué? Porque cualquier producto era una solución para esos campesinos en la miseria. Una vez aparece el narcotráfico se convierte en un poder más, ligado al tradicional. Hoy esto se ve en el fenómeno de la parapolítica, porque todos estos personajes políticos acusados de paramilitarismo están financiados por el narcotráfico. Los sectores en guerra, en particular los paramilitares, han hecho de éste una fuente de financiamiento. Así el narcotráfico pasa a ser parte del conflicto, pero no puede decirse que sea su causa, hay guerra por la coca como hay guerra por otros recursos.
Ha mencionado el desplazamiento. ¿Cómo afecta éste a la estructura socieconómica?
El primer efecto es la concentración de la propiedad de tierra y el segundo es la inestabilidad que supone para esta población desplazada: los que van a dar a las ciudades, que son buena parte, están expuestos a la indigencia, la prostitución o la delincuencia. Desde un punto de vista más general y a largo plazo, toda esta masa de desplazados se convierte en mano de obra barata. La máquina de muerte ha sido usada para hacer la violencia en el campo, pero en un determinado momento, cuando los trabajadores lograron hacer un sindicato unitario, la CUT, se lanzó contra ellos esta máquina de violencia y se hizo un verdadero genocidio contra los sindicalistas. Hoy quien sufre más muertos dentro del movimiento sindical son los maestros, porque, al igual que los indígenas, todavía tienen derechos. En los últimos 20 años en Colombia se han dado el 80 por ciento de los asesinatos de sindicalistas en todo el mundo. Así como en el campo tenemos una cosecha del terror con la pérdida de los derechos, en el sector obrero tenemos una pérdida total de los derechos por la liquidación total del liderazgo sindical. Esta violencia contra el movimiento sindical se relaciona con la pérdida de la capacidad de lucha de los trabajadores, porque hay 3 millones de desplazados, que aceptan cualquier salario. El desplazamiento ha aumentado la miseria, no sólo de los desplazados sino del conjunto de los trabajadores.
Esta situación se agravará probablemente cuando se concrete la firma del TLC. ¿En qué estado se encuentran las negociaciones?
El TLC ya fue negociado dos veces, si se le puede llamar a eso negociación, porque el papel del gobierno de Colombia fue decirle a EE UU que sí a todo... La primera fase de la negociación se terminó en noviembre del año pasado, pero las reivindicaciones del movimiento sindical y ecologista estadounidense provocaron que en el Partido Demócrata surgieran nuevos planteamientos sobre el conjunto de TLCs que estaba firmando EE UU. La presión de base de los demócratas ha llevado a que tengan que hacer al menos tres cambios y el gobierno colombiano lo que hizo fue simplemente acatarlos y firmar el texto nuevamente este año. Pero desde el punto de vista del movimiento campesino e indígena colombiano estas condiciones son plenamente insuficientes. Primero, porque las importaciones de productos agrícolas van a ser descomunales y van a agudizar el problema de los cultivos ilegales. En segundo lugar, porque significan la pérdida de soberanía alimentaria del país y, en tercer lugar, porque toda esa masa de productos agrícolas que va a entrar es absolutamente desestabilizadora, va a agudizar la crisis del campo y las causas del conflicto. Por otra parte, el gobierno colombiano esta negociando otros TLCs con la UE, con Canadá, con Guatemala... Desde nuestro punto de vista no es que esté mal hacer tratados comerciales, tiene que haberlos, pero los que se están firmando no consideran para nada la inequidad entre realidades económicas de distinto nivel de desarrollo.
Imagino que, dado el grado de represión, las movilizaciones sociales son poco comparables con las que se están desarrollando en otros países de la región, como Bolivia o Venezuela.... ¿Colombia se queda sola?
La cosecha del terror significa haber aislado a Colombia de todos los procesos que se están dando en América Latina. En un lugar donde los derechos de los trabajadores están demolidos, donde le han quitado la tierra a los campesinos, donde se ha asesinado a miles de líderes indígenas, ¿de dónde vamos a sacar una izquierda como la ecuatoriana o la boliviana? No podemos, vivimos procesos inversos así que los resultados son inversos. En Colombia hay una emergencia de la ultraderecha que se expresa en el gobierno de Uribe y en su "acuerdo de paz" con los paramilitares en el que el objetivo es convertir en institución lo que antes era crimen. La parapolítica es eso, que ellos son el gobierno.
Hace unos días estuvo aquí el vicepresidente Santos diciendo que el paramilitarismo es una cosa del pasado...
Decir que no existe paramilitarismo es una gran mentira, claro que sigue habiendo. Pero el problema no es éste, hay algo mucho más importante y es que los resultados económicos del paramilitarismo están vigentes; es decir, los beneficios económicos que le dieron a las empresas que los financiaron, como la Chiquita Brands(1), están ahí. Lo que ellos lograron para su negocio es un hecho, era un negocio financiarlos para así controlar la lucha de los trabajadores bananeros. Todas las conexiones de las empresas con el paramilitarismo están vigentes, sus resultados están vigentes.
¿Cómo es posible que la Unión Europea, y en concreto el gobierno español, que se autoerigen en adalides de la defensa de los Derechos Humanos, no lo vean?
Es lo mismo que preguntarse por qué las empresas transnacionales apoyaron el paramilitarismo... porque les convenía económicamente(2). No podemos negar que en el gobierno actual de los EE UU y de la UE quien pesa son estas empresas. En una situación como la de América Latina, en la que los movimientos sociales y algunos gobiernos cuestionan ese poderío de las transnacionales, se ve que el modelo de impunidad colombiano es exportable a otros lugares, porque les interesa a las empresas transnacionales para poner orden, para acallar a los movimientos populares. En el caso de que estos movimientos cobren más fuerza y se extiendan por toda América Latina, esta máquina de muerte se puede exportar. Pienso que en el cálculo de las transnacionales está el utilizar a Colombia como punta de lanza contra el movimiento popular de América Latina. Así que lo que influyan las multinacionales en los gobiernos europeos va a ser que lo que influyan en hacerlos apoyar esta solución, que es apoyar el uribismo, el modelo de impunidad. Los movimientos sociales europeos deben ser muy claros con sus gobiernos, o se apoya este modelo de impunidad para sacar adelante los intereses de las transnacionales o se adopta una posición real de defensa de los Derechos Humanos.
El proceso de paz con las FARC y el ELN, ¿es un proceso muerto?
Sé que con el ELN hay conversaciones, que espero que se profundicen y se sostengan. Con las FARC no hay ningún proceso, sólo la mediación que están llevando a cabo Piedad Córdoba y el presidente de Francia... Pienso que en Colombia la situación con la guerrilla tiene que resolverse por una negociación pero pienso que es mucho más importante que se reconozca que el origen de la violencia tiene que ver con el problema de la tierra. Eso es lo único que puede crear las condiciones para que en Colombia haya paz.
Notas:
(1)
Nueva demanda contra Chiquita Brands por complicidad con paramilitares en Colombia
 Nueva York, noviembre 14 (AFP). Las víctimas de los paramilitares en Colombia y sus familiares lanzaron este miércoles en Nueva York una demanda por 7.860 millones de dólares contra la bananera Chiquita acusada de complicidad.
"La demanda consiste en reclamar compensación para las víctimas y sus familiares por todas las atrocidades", dijo a la prensa Jonathan Reiter, abogado de los 393 querellantes ante la corte del distrito sur de Nueva York.
Según Reiter, las víctimas de asesinato o tortura por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reclaman "indemnización por terrorismo, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, ejecuciones extrajudiciales y tortura".
En otro juicio federal, Chiquita admitió ante la justicia en marzo pasado haber pagado más de 1,7 millón de dólares a las AUC a los largo de seis años.
La empresa aceptó pagar una multa de 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos pero las verdaderas víctimas no recibieron nada hasta ahora, según sus abogados, que reclaman ahora 20 millones de dólares por víctima.
(2)
Colombia: Juicio a Coca-Cola, Nestlé y Chiquita Brands
Por Constanza Vieira
BOGOTÁ, 4 abr (IPS) - La primera audiencia de la sesión sobre Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) responsabilizó a Estados Unidos y Suiza por permitir que empresas transnacionales con sede en esos países se beneficien de la guerra en la nación andina para aumentar ganancias.
 La precarización del empleo tiene en Colombia al paramilitarismo de ultraderecha como agente armado para imponer recortes en los derechos laborales, lo que mejora los balances de las corporaciones estadounidenses Chiquita Brands y Coca-Cola y de la suiza Nestlé, según el TPP, cuya primera audiencia sobre este país concluyó el domingo. Sin potestad para imponer sanciones, el TPP está inspirado y es considerado sucesor de los célebres tribunales Russell de 1966-1967, sobre la guerra en Vietnam, y de 1974-1975 sobre las dictaduras en América Latina. El primero fue organizado por el filósofo y pacifista británico Bertrand Russell, y su verdadero nombre fue Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra.
El TPP consideró que "Colombia está incumpliendo sus obligaciones en materia de abstenerse de apoyar al terrorismo y en particular la resolución 1.373 de 2001 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas" sobre medidas para combatir ese fenómeno. El principal señalamiento del TPP contra las tres empresas es haberse involucrado en Colombia "en prácticas violatorias de los derechos humanos más elementales, articulándose a las redes de violencia que hunden sus raíces en estrategias de Estado, incentivadas y patrocinadas por políticas hemisféricas que buscan legitimar el imperativo de seguridad para los grandes inversionistas y empresarios". El TPP escuchó durante dos días testimonios de víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, como los asesinatos de 10 trabajadores sindicalistas de la corporación de alimentos Nestlé y de nueve de la fabricante de refrescos Coca-Cola.
Colombia es considerado el país más peligroso para el sindicalismo, uno de los blancos favoritos de los actores armados. En la longeva guerra colombiana, surgieron en 1964 guerrillas izquierdistas, y en 1982 paramilitares ultraderechistas, que comenzaron a actuar en apoyo del Estado. Estos son responsables de 80 por ciento de las violaciones a los derechos humanos en el conflicto, según la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno del derechista Álvaro Uribe, iniciado en 2002, logró una polémica desmovilización parcial de los paramilitares, liderados por varios narcotraficantes.
Los crímenes contra sindicalistas disminuyeron en estos años, aunque en 2005 fueron asesinados 43, según cifras oficiales, o 70, según la estadística que lleva la Escuela Nacional Sindical (ENS). Además, según la ENS, 260 sindicalistas recibieron amenazas de muerte en 2005, 56 fueron detenidos arbitrariamente, siete sufrieron atentados, 32 fueron perseguidos por su actividad sindical, ocho tuvieron que dejar sus hogares, tres fueron desaparecidos y uno soportó un allanamiento ilegal. "El terror laboral impuesto en Colombia por el Estado y las multinacionales combina (...) estrategias legales e ilegales", de tal modo que quienes denuncian estos hechos son convertidos en acusados, y en algunas ocasiones se los vincula con la guerrilla, según el TPP.
La sesión se prolongará hasta 2008 a través de siete audiencias. Observará "prácticas económicas que se entrelazan con lo político y lo militar y afectan profundamente la vigencia de los derechos humanos". Aunque se esperaba una resolución provisional que reseñara la amplia documentación acopiada en la audiencia y que será remitida a la sesión deliberante dentro de dos años, los miembros del TPP manifestaron que la situación de Colombia "no da espera".
"Decidieron hacer una resolución mucho más contundente, analítica y fundamentada", dijo a IPS el jurista y sacerdote jesuita Javier Giraldo. "Estar aquí y ver la autenticidad de los testimonios de las víctimas fue desgarrador y dramático. Ha sido realmente de los momentos más impactantes en mi trayectoria como defensora de los derechos humanos", dijo a IPS la nicaragüense Vilma Núñez de Escorcia, presidenta de la audiencia y vicepresidenta regional de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Núñez de Escorcia integró el tribunal junto con el juez italiano Gianni Tognoni y cinco conjueces nacionales.
El TPP ha tenido 33 sesiones desde su creación en 1979, y es la segunda vez que Colombia es objeto de examen. Lo fue en 1989-1991, en el marco de audiencias sobre crímenes de lesa humanidad en 12 países de América Latina. La actual sesión tuvo como antecedente una preaudiencia pública en Berna, Suiza, sobre los actos de Nestlé. A esa empresa se le achaca haber puesto en el mercado leche en polvo vencida y de perseguir a los trabajadores sindicalizados. Esta última acusación alcanza también a Chiquita Brands y Coca-Cola.
Chiquita Brands reconoció ante un tribunal estadounidense haber dado aportes a grupos paramilitares. Según el TPP, existen pruebas de que la transnacional bananera en 2001 "transportó tres mil fusiles AK-47 y cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares de Córdoba y Urabá", regiones del noroccidente de Colombia dominadas por esas milicias. "Para obligar a un trabajador a retirarse del sindicato o de la empresa, a renunciar a pretensiones legítimas, a aceptar condiciones laborales precarias, se recurre sistemáticamente a paramilitares que, por medio de intimidaciones, secuestros, atentados, amenazas, torturas y asesinatos, buscan hacer efectivos los nefastos propósitos de la transnacional y del Estado colombiano", señaló el TPP.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) ha sido duramente golpeado y "todos estos crímenes y procedimientos permanecen en absoluta impunidad", subrayó. A raíz de estas denuncias, los productos de Coca-Cola han sido boicoteados en 10 universidades estadounidenses y en la británica de Oxford, así como en otros escenarios. La empresa acusó en enero a Sinaltrainal de "desinformación malintencionada", mientras desde julio de 2001 se sigue ante el tribunal del distrito Sur de Florida, Estados Unidos, un proceso en su contra. A raíz de la demanda, la transnacional destinó 10 millones de dólares a tres fundaciones que ella misma hizo crear en Colombia para beneficiar a población vulnerable.
Según el tribunal, Coca-Cola incrementó su capital fundacional en este país andino de 10.000 dólares, en 1942, a 628 millones de dólares en 2005, sin que mediaran inversiones de su casa matriz. Entre 1990 y 2001, la firma incrementó su patrimonio en Colombia ocho veces, 26 veces sus activos, y 1,4 veces el valor creado en sus fábricas, y registró una rentabilidad promedio anula de 80 por ciento en la década de 1990. Nestlé pasó de producir 109.000 dólares anuales por trabajador a 427.000 dólares entre 1990 y 2005, lo que equivale a un incremento anual superior a 20 por ciento.
Ambas empresas están rediseñando sus patrones de inversión y utilidades desde 1980. En esos procesos han cerrado fábricas, plantas y subsidiarias, y dan prioridad al empleo temporal y subcontratado. En los años 90, Coca-Cola redujo en 3,5 veces la cantidad de sus trabajadores con estabilidad laboral y en tres veces la de sindicalizados. En Nestlé, sólo tres por ciento de los trabajadores actuales tiene 10 años de antigüedad. Para Coca-Cola, esta política significó en la última década una reducción de costos salariales de 35 por ciento cuando contrata trabajadores temporales, de 60 por ciento cuando el trabajador es incorporado a través de un contratista y de 75 por ciento cuando proviene de una cooperativa.
En conjunto, Coca-Cola ha reducido en 2,5 veces la masa salarial de sus trabajadores, y Nestlé en 59 por ciento entre 1998 y 2005. En ambas empresas, Sinaltrainal está en proceso de extinción. (FIN/2006)
Aloia Álvarez Feáns forma parte del Consejo de Redacción de Pueblos. Esta entrevista ha sido publicada en el nº 29 de la revista Pueblos, diciembre de 2007.
Notas e imágenes: Rodolfo-Rodríguez-R. /6/5/1008
Disponible en:
http://www.revistapueblos.org/spip.php?article744
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